En un movimiento sorpresivo pero previsible, Uber incrementó sus tarifas hasta un 7% en México a partir del 16 de julio. El ajuste, según la empresa, busca cubrir los costos del nuevo programa piloto de seguridad social establecido por la reforma laboral para plataformas digitales.
Suena lógico. Incluso progresista. Pero la pregunta que flota en el ambiente es clara:
¿Están cumpliendo con lo prometido… o solo trasladando la cuenta al usuario?
Uber asegura que este aumento responde al cumplimiento de nuevas obligaciones laborales: afiliación al IMSS, aportaciones al Infonavit, vacaciones, aguinaldo… en resumen, trabajo con derechos. Sin embargo, la Secretaría del Trabajo (STPS) y la Profeco reaccionaron de inmediato calificando el alza como “unilateral, injustificada y engañosa”.
Y es que, durante las negociaciones para implementar esta reforma, Uber —al igual que otras plataformas— se comprometió públicamente a no subir tarifas ni afectar a los trabajadores durante el periodo de prueba de 180 días. Apenas han pasado dos semanas, y ya vemos en los recibos conceptos como “ajuste por ley laboral”.
El ajuste no es uniforme. Varía según ciudad y servicio, pero Uber no ha transparentado en qué lugares el aumento llegará al máximo del 7%. En algunos casos, los usuarios ya lo están sintiendo en sus bolsillos sin haber sido notificados previamente, lo cual viola el principio de consentimiento informado, según la Profeco.
Más allá del monto, lo preocupante es el mensaje: una empresa que dice apoyar los derechos laborales, pero responde al primer cambio con un aumento generalizado de precios.
Este nuevo capítulo pone a los usuarios y a los conductores en una posición incómoda. Los primeros pagan más. Los segundos todavía no ven con claridad cuándo ni cómo recibirán sus nuevas prestaciones, mientras deben enfrentar posibles disminuciones en la demanda por los nuevos precios.
Y aunque Uber afirma que este aumento es necesario para mantener su operación “rentable y atractiva para los socios conductores”, no ha mostrado cifras concretas sobre cuánto de ese 7% irá realmente al bienestar del trabajador.
Lo cierto es que este ajuste desnuda una tensión más profunda: ¿qué tanto están dispuestas las plataformas a asumir sus responsabilidades laborales sin que el usuario lo pague?
Porque si cada avance en derechos viene acompañado de un aumento en tarifas, entonces la formalización se convierte en una carga para todos… menos para la empresa.
Uber sube tarifas. Profeco y STPS se indignan. Los usuarios pagan más. Los trabajadores esperan. Y el discurso del “progreso laboral” se convierte, otra vez, en una ecuación que no termina de cuadrar.
