El Congreso de la Unión recibió una iniciativa de reforma constitucional que busca modificar el artículo 73 con el objetivo de permitir la creación de una ley general contra la extorsión, que unifique penas, multas y criterios jurídicos en todos los estados del país.
La propuesta responde al creciente problema de la extorsión, delito que ha aumentado en frecuencia y complejidad en los últimos años, y que actualmente está tipificado de forma distinta en cada código penal estatal, lo que genera vacíos legales y dificultades en la persecución del delito.
Con esta reforma, el Congreso tendría facultades para expedir una ley general en materia de extorsión, que establecería un marco uniforme de sanciones, además de criterios claros para identificar este delito en todas sus formas: amenazas, cobro de piso, extorsión telefónica y digital, entre otros.
Un paso hacia la homologación penal
Legisladores de distintas bancadas coincidieron en que la fragmentación actual obstaculiza los procesos judiciales y deja espacios para la impunidad. La armonización legislativa permitiría fortalecer la actuación de las fiscalías y brindar mayor certeza a las víctimas.
La propuesta será analizada en comisiones en los próximos días, donde se espera que organismos de derechos humanos, expertos en seguridad y autoridades judiciales participen en las discusiones.
