Un juez federal del norte de Texas invalidó la ley conocida como Texas Dream Act, que desde 2001 permitía a estudiantes indocumentados pagar matrícula como residentes estatales (‘in-state tuition’) en instituciones de educación superior, un fallo que impactará a más de 73 mil jóvenes en el estado.
La decisión judicial se deriva de una demanda presentada por el Departamento de Justicia de EE.UU. durante la administración del presidente Donald Trump, que alegó que la legislación discriminaba inconstitucionalmente a ciudadanos estadounidenses al ofrecer un beneficio educativo a personas sin estatus migratorio legal.
Fin de un programa con más de dos décadas de vigencia
El programa, instaurado en 2001 bajo el entonces gobernador republicano Rick Perry, permitía que jóvenes indocumentados que residieran en Texas y se hubieran graduado de una preparatoria del estado accedieran a tarifas locales en universidades públicas, similares a las que pagan los residentes legales.
En EE.UU., los estudiantes que no residen legalmente en un estado suelen pagar tarifas mucho más altas (‘out-of-state tuition’), por lo que la eliminación del beneficio dificultará gravemente el acceso a la educación superior para miles de jóvenes que han crecido y estudiado en Texas.
Reacciones encontradas ante la revocación
El congresista demócrata Joaquín Castro, representante de San Antonio, lamentó el fallo, calificándolo como una medida que “lastima a los texanos”. Subrayó que fue precisamente un gobernador republicano quien impulsó la ley hace más de 20 años, en un acto bipartidista de reconocimiento a los estudiantes migrantes.
Por su parte, el senador estatal Brandon Creighton, impulsor de iniciativas legislativas para eliminar el programa, celebró el fallo: “La colegiatura estatal para los migrantes ilegales finalmente ha terminado en Texas”, escribió en redes sociales, acompañando la orden judicial.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, también expresó su apoyo a la decisión, asegurando que la revocación es permanente para el estado.
Implicaciones nacionales
Texas alberga aproximadamente una quinta parte de los 408 mil estudiantes indocumentados que cursan educación superior en EE.UU., según datos del Higher Ed Immigration Portal. Este fallo, por tanto, reconfigura el panorama educativo para una de las poblaciones más vulnerables, y podría sentar un precedente jurídico para otros estados que mantienen leyes similares.
