El estado de Texas ha ordenado a sus universidades públicas que identifiquen y reclasifiquen a miles de estudiantes migrantes que hasta ahora se beneficiaban de matrículas reducidas como residentes estatales. Esta decisión responde a un reciente fallo judicial que invalida el conocido «Texas Dream Act», vigente desde hace más de dos décadas.
Promulgada en 2001, la ley permitía a estudiantes sin estatus migratorio legal acceder a tarifas de matrícula como residentes si habían vivido en Texas y se habían graduado de una preparatoria local. La norma convirtió a Texas en el primer estado en ofrecer este tipo de apoyo a jóvenes indocumentados, y sirvió de ejemplo para políticas similares en todo el país.
Sin embargo, a inicios de junio, el juez federal Reed O’Connor dictaminó que esta política es inconstitucional, argumentando que otorga beneficios a migrantes que no están disponibles para ciudadanos estadounidenses provenientes de otros estados. El fallo fue impulsado por el fiscal general Ken Paxton, quien denunció una supuesta discriminación inversa.
Tras el fallo, el gobierno estatal envió instrucciones a todas las universidades públicas para que identifiquen a los estudiantes sin estatus migratorio legal y les apliquen la matrícula correspondiente a no residentes. Este cambio será efectivo a partir del semestre de otoño de 2025.
El impacto será significativo: se estima que más de 73,000 estudiantes indocumentados serán afectados. Por ejemplo, en la Universidad de Texas en Austin, la matrícula anual pasará de aproximadamente $13,500 a más de $48,000 para quienes pierdan la clasificación de residentes.
Organizaciones de derechos civiles y algunas instituciones educativas han reaccionado con fuerza. El Austin Community College se convirtió en la primera universidad en unirse a una demanda para impugnar la decisión judicial. Por su parte, el National Immigration Law Center y la ACLU de Texas también han presentado mociones legales para proteger los derechos de los estudiantes afectados.
Portavoces de estas organizaciones argumentan que la medida no solo representa un revés para miles de jóvenes que crecieron en Texas, sino que también pone en riesgo el desarrollo económico del estado al limitar el acceso a la educación superior
