Ante las redadas migratorias masivas realizadas en Estados Unidos y las consecuentes protestas que se han desatado en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Austin, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un pronunciamiento exhortando a las autoridades y a la sociedad a adoptar una visión más humana y justa frente al fenómeno migratorio.
El Arzobispo de Los Ángeles, Mons. José Gómez, subrayó que “no todos los migrantes indocumentados son delincuentes”, y destacó que la gran mayoría “contribuye positivamente a las comunidades donde viven y trabajan”. Llamó a evitar generalizaciones que estigmaticen y fomenten políticas basadas en el miedo o la desinformación.
Llamado a una reforma migratoria con enfoque humano
La CEM insistió en la necesidad urgente de construir un sistema migratorio que facilite procesos legales, en lugar de complicarlos, y que permita a las personas migrantes desenvolverse con dignidad y respeto en sus contextos de residencia.
En su comunicado, la Conferencia retomó palabras del Papa León XIII, quien defendía la creación de condiciones que garantizaran el respeto a la dignidad humana, sin importar el origen o estatus legal de las personas. La Iglesia mexicana se unió así al llamado global de solidaridad con quienes migran en busca de mejores condiciones de vida.
“La Iglesia se une a las personas de buena voluntad y, especialmente, a quienes sufren en estos momentos de angustia y separación”, concluyó la CEM.
Contexto de protestas y tensión militar en EE.UU.
Desde el pasado 6 de junio, la ciudad de Los Ángeles ha sido el epicentro de protestas tras una serie de operativos masivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estos actos generaron una fuerte reacción en barrios de alta población inmigrante, donde cientos de personas salieron a las calles para manifestarse contra la política migratoria del presidente Donald Trump.
Como respuesta a las protestas, la Casa Blanca ordenó el despliegue de más de 700 infantes de Marina y 3 mil efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles. Esta medida ha sido calificada por el gobernador Gavin Newsom y la alcaldesa Karen Bass como una provocación y un atentado contra la soberanía estatal y los derechos civiles.
Aunque las manifestaciones han sido mayormente pacíficas, se han registrado algunos actos aislados de violencia. Sin embargo, los organizadores han reiterado su compromiso con la resistencia no violenta, y han exhortado a la población a mantenerse firme en defensa de los derechos humanos y contra la militarización de los espacios civiles.
