La consejera electoral Claudia Zavala alertó sobre la intervención de grupos de interés político y económico en la reciente elección judicial, señalando el uso sistemático de «acordeones» como una estrategia para influir en el voto ciudadano, lo que podría comprometer la autenticidad del proceso democrático.
Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, Zavala explicó que se detectó una coincidencia significativa entre las votaciones emitidas y los documentos repartidos informalmente, conocidos como acordeones, que indicaban a la ciudadanía por qué perfiles votar.
“Este es un tema importantísimo porque tiene que ver con la autenticidad de una elección, es decir, que las personas ejerzan un voto libre, sin influencias externas ni presiones indirectas”, subrayó la consejera.
Grupos de poder detrás de la estrategia
Zavala fue enfática al señalar que, aunque aún no se ha identificado plenamente a los responsables, sí existen indicios de que actores con intereses político-económicos utilizaron herramientas del INE para intervenir en el proceso.
“Se está investigando, pero los indicios apuntan a una planeación estratégica fuera de los márgenes legales, lo que vulnera la equidad y la transparencia del proceso”, explicó.
Además, reveló que varios candidatos se deslindaron públicamente de esta propaganda, dejando entrever que los recursos para estas campañas no provinieron de ellos, lo cual representa una irregularidad, ya que sólo estaba permitido utilizar recursos registrados oficialmente por los aspirantes.
Consecuencias legales y electorales
Zavala sostuvo que las pruebas son abundantes, pues los medios de comunicación documentaron la repartición de acordeones, y la práctica fue formalmente denunciada ante el Instituto Nacional Electoral.
Ahora, el caso está en manos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que deberá evaluar si las irregularidades afectan la validez del resultado.
“Estamos frente a un escenario que nos hace retroceder en materia electoral. No se trata solo de irregularidades menores, sino de una posible estrategia para tomar el control de cargos judiciales desde intereses ajenos a la ciudadanía”, finalizó Zavala.
