Organizaciones civiles y especialistas en salud pública han encendido las alarmas ante el crecimiento acelerado del mercado negro de vaporizadores y cigarros ilegales en México, advirtiendo de los graves riesgos para la salud de millones de consumidores —especialmente menores de edad— y las pérdidas económicas derivadas de la evasión fiscal.
La problemática fue expuesta en el contexto del Día Mundial del Vapeo, que se conmemora cada 31 de mayo, y responde, según los expertos, a medidas prohibitivas adoptadas por el gobierno, en particular la reforma constitucional de enero de 2025, que prohíbe la venta, distribución y comercialización de vaporizadores en todo el país.
Mercado ilegal descontrolado
“La totalidad del mercado pasó al comercio clandestino”, advirtió Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, quien subrayó que la prohibición ha dejado sin opciones reguladas a quienes buscaban alternativas para dejar de fumar.
A esta advertencia se sumaron voces como la de Miguel García, activista y consumidor, quien informó que “la mitad de los negocios formales han cerrado o cambiado de giro”, y Tomás O’Gorman, de ProVapeo, quien denunció que ahora los dispositivos se comercializan “como si fueran dulces” en puestos informales, incluso frente al Palacio Nacional.
Contrabando por la frontera sur
La situación también ha sido agravada por el incremento del contrabando de cigarros, particularmente por la frontera sur con Belice. De acuerdo con el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), 6 de cada 10 comercios en Yucatán venden cigarros ilegales.
“Estos productos provienen principalmente de China, Vietnam e India, ingresan por Belice y se distribuyen por todo el país sin controles sanitarios ni fiscales”, afirmó Gerardo López Becerra, presidente de la organización.
Los cigarros ilícitos se comercializan desde 20 pesos por cajetilla, apenas un 28 % del precio de una legal, afectando no solo a la recaudación estatal —estimada en 13 mil 500 millones de pesos anuales perdidos, según Oxford Economics—, sino también a la salud pública.
Riesgo para menores y comercio formal
López Becerra también denunció que estos productos se ofrecen sin restricciones en redes sociales y marketplaces como Facebook, y en establecimientos tan diversos como papelerías, cremerías, dulcerías y tianguis, con acceso incluso a menores de edad.
“Estamos frente a un fenómeno que refleja falta de vigilancia efectiva y una permisividad preocupante, que fomenta la competencia desleal y atenta contra la salud pública”, declaró.
Llamado a la regulación y concientización
Ante esta crisis, ConComercioPequeño ha lanzado una campaña de concientización dirigida a pequeños comerciantes para advertirles que la venta de cigarros ilegales puede conllevar multas, decomisos, clausuras e incluso cárcel.
Especialistas y organizaciones insisten en que una prohibición absoluta sin regulación adecuada solo fortalece a las redes ilegales, y llaman a una estrategia basada en regulación, control sanitario, educación y vigilancia efectiva.
