Expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU advirtieron en su último informe sobre el aumento de abusos a los derechos humanos y la persecución de civiles en Irán.
En el documento, los miembros del grupo de investigación denunciaron que el régimen persa ha intensificado «los esfuerzos para restringir los derechos de los civiles, incluidos los niños pequeños», con el objetivo de «aplastar la disidencia». Para ello, señalaron que las autoridades han recurrido a «torturas físicas y psicológicas, graves violaciones del debido proceso y juicios injustos», así como a «amenazas con armas de fuego» y el uso de «sogas alrededor de los cuellos como una forma de tortura psicológica».
El impacto de las protestas de 2022
Esta situación se intensificó tras las protestas desatadas en 2022, cuando la joven kurda Mahsa Amini fue brutalmente asesinada por la Policía de la Moral por llevar mal colocado el hiyab. Este episodio alentó a la sociedad y a las voces disidentes a pronunciarse y salir a protestar durante semanas, tanto dentro como fuera del país.
Estas manifestaciones fueron brutalmente reprimidas por las autoridades, que buscaron a toda costa restablecer el orden en el territorio. «Al reprimir las protestas nacionales de 2022, las autoridades estatales de Irán cometieron graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales -según la misión- constituyeron crímenes de lesa humanidad», señala el informe.
Mayor represión contra las mujeres
Como consecuencia de estas protestas, el régimen persa intensificó la persecución y la vigilancia sobre las mujeres, especialmente en lo relacionado con el uso del hiyab, uno de los mayores símbolos de opresión contra ellas.
«Dos años y medio después del inicio de las protestas en septiembre de 2022, las mujeres y niñas en Irán siguen sufriendo una discriminación sistemática, tanto en la ley como en la práctica, que permea todos los aspectos de sus vidas, en particular en lo que respecta a la aplicación del hiyab obligatorio», subrayó el informe.
Para hacer cumplir estas normas, el régimen ordenó el despliegue de drones, la instalación de cámaras y la implementación de software de reconocimiento facial en lugares públicos para detectar a quienes incumplan las reglas de vestimenta. Además, lanzó la aplicación móvil Nazer de la Policía, por medio de la cual la sociedad puede denunciar a mujeres que no lleven el velo, incluyendo datos clave como la ubicación, la fecha, la hora y la matrícula del vehículo en el que se desplazan.
Luego de ser identificadas infringiendo las leyes islámicas, las mujeres enfrentan diversas condenas, desde «sanciones penales, multas y largas penas de prisión hasta, en algunos casos, la pena de muerte», según la misión de la ONU.
Centros de reeducación para mujeres
En noviembre pasado, el régimen persa anunció la creación de una «clínica de tratamiento» donde serían enviadas las mujeres que desafíen las normas de vestimenta. Según Mehri Taleb Darestani, directora del Departamento para la Mujer y la Familia, estas personas recibirían «tratamiento científico y psicológico para curarse».
Todas estas acciones contradicen las promesas del presidente Masud Pezeshkian, quien durante su campaña se comprometió a «evitar el trato injusto de niñas y mujeres en las calles» y a trabajar para eliminar la discriminación y las injusticias sociales.
