Un grupo de migrantes y la Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW, por sus siglas en inglés) han presentado una demanda contra la Patrulla Fronteriza tras una redada llevada a cabo en enero en el condado de Kern, California. La operación, que tuvo lugar a más de 480 kilómetros de la frontera con México, ha sido calificada de «ilegal» y discriminatoria.
La querella, interpuesta por la UFW y cinco migrantes, denuncia abusos, maltrato y coacción por parte de los agentes, quienes presuntamente obligaron a algunos detenidos a firmar documentos de «salida voluntaria» del país sin su conocimiento. Según la demanda, las redadas dirigidas a trabajadores agrícolas latinos en el Valle Central resultaron en la detención arbitraria de decenas de personas, muchas de las cuales fueron deportadas sin una audiencia ante un juez de inmigración.
Uno de los casos destacados en la demanda es el de María Hernández Espinoza, quien llevaba dos décadas viviendo en Kern County. Hernández asegura que fue forzada a firmar documentos sin ser informada de su contenido, lo que resultó en su deportación a México. «Nos detuvieron porque nos vemos latinos o parecemos trabajadores agrícolas. Fue injusto», expresó.
El documento legal también menciona que los agentes de la Patrulla Fronteriza establecieron retenes en carreteras cercanas a granjas y negocios, deteniendo a personas basándose en su apariencia. Incluso individuos con estatus migratorio legal habrían sido víctimas de estos operativos. Se reporta que, en algunos casos, los agentes recurrieron a la violencia, rompiendo ventanas de vehículos, dañando neumáticos y agrediendo físicamente a personas antes de verificar su situación migratoria.
Teresa Romero, presidenta de la UFW, denunció que estos operativos generan temor y fomentan la explotación laboral en el sector agrícola. «Decenas de residentes de Kern County ahora están varados en México, lejos de sus hogares y familias», lamentó.
La demanda, respaldada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en California, busca representar a las personas que fueron detenidas sin justificación razonable, arrestadas sin pruebas de ser un riesgo de fuga y obligadas a aceptar una salida del país sin comprender plenamente sus derechos.
El abogado Ajay Krishnan, quien participa en la querella, criticó enérgicamente la actuación de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), argumentando que el comportamiento de los agentes fue «inadmisible». «Viajar 300 millas desde la frontera para detener personas basándose en su color de piel es inaceptable. Pero el comportamiento de los agentes, desde romper vidrios y cortar neumáticos hasta arrojar a una abuela al suelo antes de liberarla al ver su tarjeta de residencia, es completamente indignante», declaró.
La demanda busca frenar este tipo de operativos y obtener justicia para los migrantes afectados por estas acciones que, según los demandantes, violan sus derechos fundamentales.
