El pasado 4 de diciembre, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llevó a cabo el mayor decomiso de fentanilo en la historia de México. El operativo, realizado en el estado de Sinaloa bajo la dirección del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, resultó en la incautación de más de una tonelada de pastillas de esta droga sintética y la detención de dos líderes del cártel de los Beltrán Leyva: Elier Jassiel Esquerra Félix y Javier Alonso Vázquez Sánchez.
Este golpe fue presentado como un avance clave en la lucha contra el narcotráfico, recibiendo reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo a la administración del presidente Joe Biden. Las autoridades señalaron que la droga tenía como destino Estados Unidos y Canadá, donde su valor en el mercado ilegal podría haber alcanzado los 400 millones de dólares.
Sin embargo, a casi dos meses del operativo, persisten dudas sobre el seguimiento del caso y el destino de la droga incautada. Ni el gobierno ni la Secretaría de Seguridad han informado si el fentanilo ha sido destruido o sigue bajo custodia. Esta falta de transparencia ha generado preocupaciones dentro de las fuerzas de seguridad, donde algunos temen que la sustancia pueda regresar al mercado negro si no se toman las medidas necesarias.
Además, existen serias preocupaciones sobre la corrupción dentro del sistema judicial, que podría obstaculizar los avances logrados en este y otros operativos recientes. Investigadores y expertos advierten que los nexos entre el crimen organizado y ciertos sectores del Poder Judicial han dificultado el combate al narcotráfico, permitiendo que muchos casos queden impunes o que los criminales sean liberados por falta de seguimiento en los procesos legales.
Sheinbaum y García Harfuch han demostrado determinación en la lucha contra el crimen organizado, pero su éxito dependerá de su capacidad para evitar que estos esfuerzos sean neutralizados por la corrupción judicial. La erradicación del tráfico de fentanilo no solo es un reto para México, sino también para el resto de América Latina y Estados Unidos, donde el consumo de esta droga se ha convertido en una crisis de salud pública.
El gobierno mexicano enfrenta ahora el desafío de garantizar que el golpe contra el narcotráfico no quede en el olvido y que las estructuras criminales no sigan operando con la complicidad de algunos sectores del sistema judicial. La lucha contra el fentanilo no solo requiere operativos contundentes, sino también un sistema legal que impida que estos esfuerzos se diluyan en la impunidad.
