La operación conjunta cuenta con la colaboración del FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.
Según las autoridades, el objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias y proteger la seguridad pública mediante la identificación y deportación de extranjeros que representen una amenaza para las comunidades. Estas acciones están dirigidas principalmente a personas con antecedentes penales, incluyendo aquellos involucrados en delitos graves como tráfico de drogas, violencia doméstica, posesión ilegal de armas y actividades relacionadas con pandillas.
Además, las agencias participantes subrayaron que este tipo de operativos se realizan con base en investigaciones previas y bajo estrictas directrices legales para evitar violaciones a los derechos humanos. Las autoridades también exhortaron a la comunidad a colaborar proporcionando información sobre actividades ilícitas que puedan poner en peligro la seguridad de la población.
Por otro lado, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por el impacto de estas medidas, señalando que podrían generar miedo en comunidades vulnerables y afectar a personas que no representan un riesgo real. Estas organizaciones han pedido mayor transparencia y supervisión en la implementación de estas operaciones para garantizar un trato justo y humano.
