Fiscales y autoridades surcoreanas presentaron este lunes una orden de arresto contra el expresidente Yoon Suk Yeol, suspendido de sus funciones tras declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Según el equipo de investigación, Yoon lideró una insurrección y abusó de su cargo al ordenar al Ejército impedir que el Parlamento revocara su decreto.
Una crisis política sin precedentes
La solicitud de arresto, presentada al tribunal del Distrito Oeste de Seúl, acusa a Yoon de usar la fuerza militar para interferir en el proceso democrático. Legisladores que se oponían a la medida fueron bloqueados por tropas armadas, que irrumpieron en la Asamblea Nacional siguiendo órdenes directas del entonces presidente.
Un informe de la fiscalía reveló que Yoon habría instruido a mandos militares a “derribar puertas” y utilizar la fuerza, incluso armas de fuego, para garantizar que su decreto permaneciera en vigor.
Investigación y resistencia de Yoon
El expresidente enfrenta un juicio político y ha sido citado tres veces por investigadores, pero se ha negado a colaborar. Intentos de las autoridades por registrar las oficinas presidenciales también han sido frustrados por el equipo de seguridad de Yoon, dificultando las pesquisas.
Tensiones políticas en aumento
El caos político se ha intensificado con la destitución del primer ministro interino Han Duck-soo, quien se negó a aprobar investigaciones relacionadas con Yoon. En su lugar, el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, asumió temporalmente la presidencia, enfrentándose de inmediato a una tragedia aérea que dejó 179 muertos, el peor desastre de aviación en la historia del país.
Manifestaciones y próxima decisión del Tribunal Constitucional
Protestas masivas en Seúl exigen la detención de Yoon y justicia para los legisladores afectados. El Tribunal Constitucional decidirá en los próximos días si confirma la destitución permanente del expresidente, un fallo que podría marcar un giro definitivo en la tensa situación política de Corea del Sur.
El caso contra Yoon Suk Yeol representa un punto crítico en la historia del país, con implicaciones significativas para la democracia y el estado de derecho en Corea del Sur.
