El 16 de agosto, un juez federal detuvo temporalmente la orden de captura emitida contra el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado. Esta decisión se produjo después de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, expresara su apoyo a Corral, quien anunció su permanencia en la bancada de Morena como senador.
La jueza Patricia Marcela Diez Cerda, del Quinto Distrito en Amparo de la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional de la orden de detención y programó una audiencia para el 27 de agosto, en la que se decidirá si esta suspensión se convierte en definitiva. Para mantener vigente la protección judicial, la juez estableció una garantía de 120 mil pesos. Además, fijó una audiencia constitucional para el 27 de septiembre, último paso antes de dictar sentencia de amparo.
Corral fue declarado prófugo por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua luego de que intentaran detenerlo en un restaurante de la Ciudad de México el 14 de agosto. Sin embargo, el encargado de despacho de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara López, impidió la aprehensión argumentando falta de autorización.
El exgobernador enfrenta acusaciones de peculado por un desvío de 98 millones de pesos durante su administración, cargos que él atribuye a una «venganza política» por parte de la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y del exgobernador César Duarte. Corral ha declarado que el proceso en su contra es una represalia por las acciones anticorrupción que emprendió durante su mandato, las cuales involucraron a Campos en un caso de sobornos.
El conflicto entre Corral y Campos data de 2016, cuando ambos eran miembros del mismo partido. Las tensiones se intensificaron durante las elecciones de 2021, donde se acusaron mutuamente de corrupción. En su administración, Corral investigó a César Duarte, quien habría sobornado a diputados, incluyendo a Campos.
La actual gobernadora, al asumir su cargo, inició investigaciones contra Corral, que derivaron en las acusaciones de peculado por un pago de 98 millones de pesos. Según la Fiscalía, estos fondos fueron transferidos de manera irregular a una cuenta particular bajo el pretexto de reestructurar la deuda pública del estado.
Los pagos, realizados entre diciembre de 2019 y agosto de 2020, suman dos transacciones de 49 millones 300 mil pesos cada una. Tanto Corral como su exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, fueron señalados como probables responsables del delito de peculado, que podría conllevar una pena de hasta 12 años de prisión.
