Descongelan cuentas de Rocha Moya: podrá cobrar tres pensiones que suman más de 1.5 millones de pesos al año

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Una coincidencia de acontecimientos financieros ha generado cuestionamientos en Sinaloa, luego de que se diera a conocer el desbloqueo parcial de las cuentas bancarias del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, mientras el Gobierno estatal autorizó un adelanto de 300 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución de la que el político recibe una pensión anual superior a los 731 mil pesos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitió que Rocha Moya recuperara parcialmente el acceso a dos cuentas bancarias, luego de una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que autorizó disponer de los recursos provenientes de sus pensiones.

Las cuentas habían sido bloqueadas en mayo de 2026, en medio de investigaciones financieras relacionadas con señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, la resolución judicial no representa el desbloqueo total de sus recursos ni significa que las investigaciones o los señalamientos hayan quedado sin efecto.

Uno de los aspectos que más llama la atención son los ingresos que el exmandatario recibe por concepto de jubilaciones.

De acuerdo con su declaración patrimonial de 2026, Rocha Moya percibe tres pensiones: aproximadamente 731 mil 647 pesos anuales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 490 mil 626 pesos del IMSS y 316 mil 102 pesos del ISSSTE.

En conjunto, los ingresos ascienden a un millón 538 mil 375 pesos al año, equivalentes a un promedio aproximado de 128 mil 198 pesos mensuales.

Mientras se difundía la resolución relacionada con sus cuentas, también trascendió que el Gobierno de Sinaloa adelantó 300 millones de pesos a la UAS para atender compromisos financieros y laborales de la institución.

De acuerdo con el rector Jesús Madueña Molina, los recursos contemplan 210 millones de pesos correspondientes a un adelanto del presupuesto de diciembre y otros 90 millones que ya estaban programados para noviembre.

El dinero fue destinado principalmente a cubrir compromisos de nómina y obligaciones relacionadas con el IMSS y el Infonavit, en medio de las dificultades económicas que enfrenta la universidad.

La institución ha advertido que todavía necesita recursos adicionales para cumplir con los pagos de la segunda quincena de noviembre y las obligaciones correspondientes a diciembre.

Aunque ambos acontecimientos se conocieron durante la misma semana, las fechas no coinciden exactamente: el desbloqueo parcial de las cuentas fue aplicado el 5 de noviembre y difundido públicamente el día 13, mientras que el adelanto presupuestal a la UAS fue anunciado el 11 de noviembre.

Hasta el momento, no existe evidencia de que la liberación de recursos a la universidad tenga relación directa con la resolución judicial que permitió a Rocha Moya acceder nuevamente a sus pensiones.

Tampoco se ha demostrado que los 300 millones de pesos entregados a la institución se hayan destinado específicamente al pago de la jubilación del exgobernador.

No obstante, los acontecimientos han puesto nuevamente bajo atención los ingresos por pensiones de antiguos funcionarios públicos y la situación financiera de las universidades que enfrentan dificultades para cumplir con sus compromisos laborales.

El caso también abre interrogantes sobre los mecanismos mediante los cuales se calculan y autorizan determinadas jubilaciones, especialmente cuando las instituciones que las pagan dependen de recursos públicos para mantener sus operaciones.

Por ahora, Rocha Moya podrá disponer únicamente de los ingresos autorizados por el tribunal, mientras continúan vigentes las restricciones sobre otros recursos financieros.

En paralelo, la Universidad Autónoma de Sinaloa enfrenta el reto de garantizar los pagos a sus trabajadores y pensionados sin comprometer su funcionamiento.

La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos ha despertado interés público, aunque cualquier posible relación entre las decisiones deberá establecerse mediante información documental y no únicamente por la cercanía de las fechas.

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