México podría establecer un plazo máximo de 60 días para que los pacientes diagnosticados con cáncer comiencen su tratamiento en instituciones públicas de salud, como parte de una reforma sanitaria que será discutida próximamente en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, impulsada por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (CAIC), integrada por 38 organizaciones civiles, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y cuenta con el respaldo de la Junta de Coordinación Política.
Pedro Mario Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud, informó que se prevé presentar la propuesta ante el pleno a partir del 15 de noviembre de 2026, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones.
Atención oportuna para pacientes con cáncer
Uno de los principales objetivos de la reforma es reducir las demoras que enfrentan los pacientes para recibir atención especializada después de obtener un diagnóstico.
La propuesta contempla que, cuando una institución pública no disponga de los recursos o la capacidad necesarios para atender a una persona, esta pueda ser canalizada a otra unidad médica que garantice la continuidad de su tratamiento.
También busca enfrentar problemas relacionados con el desabasto de medicamentos oncológicos, la falta de personal especializado y las diferencias en el acceso a los servicios médicos entre distintas regiones del país.
Un Registro Nacional de Cáncer más completo
Otro punto central de la iniciativa consiste en fortalecer el Registro Nacional de Cáncer, convirtiéndolo en una herramienta obligatoria de interés público.
Este sistema permitiría reunir información sobre diagnósticos, tratamientos y necesidades de los pacientes, con el propósito de mejorar la planeación de los servicios de salud y la distribución de recursos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) citadas por los promotores de la reforma, en México se registran aproximadamente 96 mil 210 muertes anuales relacionadas con el cáncer.
Protección para sobrevivientes y pacientes infantiles
La reforma también contempla el llamado derecho al olvido oncológico, una medida que busca evitar que las personas que han superado el cáncer enfrenten discriminación al solicitar seguros, créditos u otros productos financieros.
Asimismo, pretende reforzar los mecanismos que garantizan la continuidad de los tratamientos de pacientes con cáncer infantil cuando cumplen 18 años, evitando que el cambio de edad afecte su atención médica.
Las organizaciones civiles que respaldan la iniciativa consideran necesario establecer un modelo de atención integral que incluya prevención, diagnóstico oportuno, tratamientos especializados y cuidados paliativos.
¿Cuándo entraría en vigor?
Aunque la propuesta ya obtuvo el respaldo de la Comisión de Salud, todavía no ha sido aprobada como ley.
Su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados está prevista a partir del 15 de noviembre. En caso de avanzar, deberá continuar el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en una obligación legal.
La iniciativa busca que el acceso oportuno a los tratamientos contra el cáncer no dependa de la ubicación geográfica o de la capacidad de atención de una institución médica.
De aprobarse, el plazo máximo de 60 días representaría una nueva obligación para las instituciones públicas de salud, aunque su aplicación dependerá de los términos definitivos de la legislación y de los mecanismos establecidos para garantizar su cumplimiento.
