El aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburos en una terminal vinculada a Grupo SIMSA mantiene abierta una investigación federal que todavía no define si todo el combustible tenía origen ilegal, pese a que el caso fue difundido inicialmente como uno de los mayores golpes contra el llamado huachicol.
La Fiscalía General de la República informó que la investigación comenzó el 3 de julio, luego de la detención de una persona que presuntamente descargaba alrededor de 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz sin poder acreditar en ese momento la trazabilidad del producto.
Ese hecho derivó en nuevas diligencias y cateos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y San José Iturbide, donde finalmente las autoridades intervinieron una terminal de almacenamiento.
En ese punto fueron asegurados más de 59 millones de litros de hidrocarburos, además de tanques, unidades de carga, contenedores y documentación que ahora forma parte de la investigación.
Del volumen total, alrededor de 33.5 millones de litros corresponderían a gasolina regular, 7.26 millones a gasolina Premium y 18.26 millones a diésel.
Sin embargo, uno de los puntos clave es que la FGR señaló que el origen del combustible no había sido acreditado al momento del aseguramiento. Esto no equivale todavía a una resolución que determine que los 59 millones de litros son producto de robo o contrabando.
La terminal está relacionada con Gas Natural del Noroeste, empresa vinculada a Grupo SIMSA. La compañía respondió que la instalación opera legalmente y cuenta con el permiso PL/19344/ALM/2016, además de autorizaciones regulatorias y ambientales.
SIMSA sostuvo que el combustible almacenado pertenece a clientes que cuentan con permisos y documentación sobre propiedad, procedencia y calidad del producto.
La empresa aseguró además que entregó información a la FGR para acreditar la legalidad de sus operaciones y del combustible bajo resguardo.
Otro elemento relevante es la capacidad de la terminal. Documentación regulatoria y reportes periodísticos señalan que el complejo está autorizado para almacenar volúmenes muy superiores a los 59 millones de litros asegurados, lo que demuestra que no se trata de un depósito clandestino improvisado, sino de infraestructura formal del sector energético.
Eso no prueba por sí mismo que el combustible tenga origen legal, pero tampoco permite concluir únicamente por el volumen encontrado que se trate de hidrocarburo robado.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la FGR continúa investigando la ruta del producto para determinar de dónde provenía y hacia dónde sería distribuido.
Hasta el momento no existe información pública que atribuya responsabilidad penal directa a los propietarios o directivos de Grupo SIMSA por los 59 millones de litros.
Tampoco se ha anunciado una resolución definitiva que confirme que todo el combustible asegurado sea huachicol.
La investigación deberá establecer ahora la trazabilidad completa del hidrocarburo mediante facturas, permisos, documentación fiscal, registros de transporte y otros elementos que permitan conocer su verdadero origen.
El caso mantiene abiertas dos posibilidades: que las autoridades logren demostrar la existencia de una operación de contrabando o comercio ilegal de combustibles a gran escala, o que la empresa consiga acreditar documentalmente la legalidad del producto.
Por ahora, el dato confirmado es que más de 59 millones de litros permanecen bajo investigación federal. La pregunta que sigue sin respuesta es de dónde salió realmente ese combustible, quién era su propietario y si existieron irregularidades en su almacenamiento o comercialización
