La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una investigación por el caso de una niña de 11 años que fue atendida en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros, donde personal médico confirmó que cursaba un embarazo de aproximadamente cinco meses.
Debido a la edad de la menor, las autoridades activaron los protocolos de protección correspondientes y dieron vista al Ministerio Público para iniciar las diligencias encaminadas a determinar las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y establecer posibles responsabilidades penales.
La investigación se centra en esclarecer una probable agresión sexual, por lo que agentes ministeriales realizan entrevistas, recaban información del entorno familiar y social de la niña y analizan diversos elementos que permitan identificar a la persona responsable.
El fiscal general de Tamaulipas confirmó que existen avances en las indagatorias, aunque señaló que parte de la información permanecerá bajo reserva debido a que se trata de una víctima menor de edad y con el propósito de proteger su identidad e integridad.
Mientras se desarrolla la investigación, la niña permanece bajo protección institucional y recibe atención médica especializada. El Sistema DIF intervino para garantizar su seguridad y brindarle acompañamiento durante el proceso.
Autoridades también evalúan las condiciones del entorno en el que vivía la menor para determinar las medidas de protección necesarias y evitar cualquier situación que pueda poner nuevamente en riesgo su integridad.
El caso generó indignación y reacciones de diferentes instituciones y organizaciones defensoras de los derechos de la infancia, que han solicitado una investigación exhaustiva y atención integral para la víctima.
La Secretaría de las Mujeres también se pronunció sobre el caso y pidió garantizar el acceso a la justicia, así como proporcionar atención médica, psicológica y jurídica especializada.
La Fiscalía de Tamaulipas continuará con las diligencias para esclarecer completamente los hechos, determinar responsabilidades y presentar ante la autoridad judicial a quien resulte responsable, mientras la prioridad institucional permanece en garantizar la protección y bienestar de la niña.
