La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aclaró que no tiene facultades legales para autorizar, supervisar o regular las academias militarizadas privadas que operan en México, luego de la polémica generada por la muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
A través de un comunicado oficial, la dependencia federal señaló que dicha institución no forma parte del Sistema Educativo Militar ni tiene relación administrativa con el Ejército Mexicano, por lo que rechazó cualquier responsabilidad sobre su funcionamiento o sobre los hechos que actualmente son investigados por las autoridades.
La Defensa explicó que, de acuerdo con su Reglamento Interior vigente desde 2008, no cuenta con atribuciones para otorgar permisos, inspeccionar o sancionar este tipo de escuelas, aun cuando utilicen uniformes, rangos, entrenamiento o una disciplina inspirada en el ámbito castrense.
El posicionamiento se dio días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que estas academias son instituciones privadas o estatales y no pertenecen a las Fuerzas Armadas. La mandataria solicitó al Gobierno de Tamaulipas realizar una investigación exhaustiva y revisar la operación de este tipo de planteles para garantizar la seguridad de los menores que participan en sus actividades.
Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) también se deslindó de las academias militarizadas privadas y recordó que la educación militar oficial únicamente corresponde a las instituciones administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional. La dependencia adelantó que revisará el marco normativo para evitar que existan confusiones entre las escuelas oficiales y aquellas que adoptan un modelo de disciplina militar sin pertenecer al Ejército.
El caso de Dafne ha generado indignación a nivel nacional. La menor ingresó el pasado 13 de julio a un curso de verano con duración de tres semanas, por el que su familia pagó aproximadamente 25 mil pesos. Cuatro días después, la academia notificó a su madre que la adolescente había sufrido un desvanecimiento mientras se bañaba; sin embargo, la necropsia estableció que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.
La familia de la menor sostiene que Dafne fue víctima de maltrato físico durante el campamento y ha denunciado que presentaba diversas lesiones al momento de ser entregado su cuerpo. Asimismo, exige que las autoridades investiguen la posible participación de varios instructores y directivos del plantel.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía de Tamaulipas detuvo a una instructora auxiliar de 18 años, quien enfrenta un proceso penal mientras continúan las indagatorias para determinar si existen más responsables. Las autoridades también realizan peritajes y recaban testimonios de otros participantes del campamento para esclarecer lo ocurrido.
El caso ha abierto un amplio debate sobre la regulación de las academias militarizadas privadas en México. Organizaciones civiles y especialistas han advertido que estos centros operan bajo distintos esquemas legales y, en muchos casos, sin una supervisión específica respecto a las actividades físicas y disciplinarias que realizan con menores de edad.
La presión social también ha llevado a legisladores y autoridades educativas a plantear la necesidad de establecer una regulación más estricta para este tipo de instituciones, con el fin de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse y garantizar que los programas de formación se desarrollen bajo estándares adecuados de seguridad y protección infantil.
