La presidenta Claudia Sheinbaum evitó profundizar sobre uno de los temas políticos más delicados del momento: la entrega voluntaria en Estados Unidos del general retirado Gerardo Mérida Sánchez y del exsecretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, ambos señalados por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Durante una conferencia de prensa, reporteros cuestionaron directamente a la mandataria sobre el caso, pero Sheinbaum únicamente respondió:
“Gracias compañeros”,
antes de retirarse sin dar más declaraciones.
El silencio presidencial ocurre mientras crece la presión política por las investigaciones abiertas en Estados Unidos contra exfuncionarios ligados al gobierno de Sinaloa.
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública estatal y general retirado del Ejército mexicano, es acusado por autoridades estadounidenses de presuntamente colaborar con “Los Chapitos”, facilitando protección institucional, filtrando información sobre operativos y recibiendo pagos mensuales.
De acuerdo con documentos judiciales revelados en EE.UU., Mérida habría utilizado su posición dentro de las corporaciones de seguridad para alertar sobre movimientos de fuerzas federales y operativos contra integrantes del cártel.
Por otro lado, Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa y cercano políticamente al círculo del gobernador Rubén Rocha Moya, es señalado de actuar como presunto operador político y financiero vinculado a la organización criminal.
Investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense indican que Díaz Vega habría ayudado a mantener redes de protección política y coordinación con integrantes del grupo criminal durante procesos electorales y operaciones financieras.
Ambos exfuncionarios se entregaron voluntariamente a autoridades estadounidenses en Nogales, Arizona, lo que sorprendió a analistas y especialistas en seguridad, ya que inicialmente se esperaba una larga batalla legal en México para evitar su traslado.
El caso ha generado comparaciones con el episodio del general Salvador Cienfuegos, aunque en esta ocasión la entrega directa a EE.UU. ha sido interpretada como una señal de cooperación o posible negociación judicial.
Las acusaciones también han incrementado la presión sobre el gobernador Rubén Rocha Moya, quien ha sido mencionado indirectamente en reportes y declaraciones relacionados con investigaciones sobre presunta infiltración del narcotráfico en instituciones estatales.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha emitido una postura amplia sobre las acusaciones, mientras crecen las dudas sobre el alcance político del caso y las posibles consecuencias diplomáticas entre México y Estados Unidos.
Analistas consideran que el tema podría convertirse en uno de los casos de mayor impacto político y judicial del sexenio debido a la implicación de altos perfiles de seguridad y finanzas ligados a un gobierno estatal.
