Un jurado federal en Estados Unidos determinó que Live Nation y su subsidiaria Ticketmaster operan como un monopolio en la venta de entradas para eventos en vivo, tras un juicio que se extendió por aproximadamente cinco semanas en Nueva York.
El veredicto se da en el marco de una demanda civil antimonopolio impulsada desde 2024 por el Departamento de Justicia (DOJ) y cerca de 40 fiscalías estatales, que acusaron a ambas compañías de prácticas que limitan la competencia y afectan al mercado del entretenimiento en vivo.
Aunque durante el proceso el DOJ alcanzó un acuerdo preliminar con Live Nation, el caso continuó debido a que 34 estados decidieron seguir adelante con la acusación. Entre ellos destacan Nueva York, California y Texas, que sostuvieron que las empresas han contribuido al aumento de precios en conciertos y eventos.
El acuerdo, aún pendiente de aprobación judicial, contempla que Ticketmaster pague 280 millones de dólares, además de comprometerse a desinvertir en anfiteatros, modificar acuerdos exclusivos de venta de boletos y limitar sus comisiones al 15 %.
Las autoridades argumentaron que Live Nation controla al menos el 80 % del mercado de venta de entradas en grandes recintos, además de tener una fuerte presencia en la promoción de conciertos y la gestión de artistas, lo que le otorga una posición dominante en toda la cadena del entretenimiento.
Por su parte, la empresa defendió su modelo de negocio señalando que su tamaño responde a su éxito en el mercado, y que “no es ilegal ser grande”, según declaraciones recogidas por medios estadounidenses.
Tras el fallo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la decisión como una “victoria histórica” contra prácticas monopólicas, postura respaldada por su homólogo en California, Rob Bonta, quien subrayó el impacto positivo para artistas, recintos y consumidores.
El juez Arun Subramanian, quien supervisó el juicio, será el encargado de definir las sanciones finales, que podrían incluir multas adicionales, compensaciones y cambios estructurales en el modelo de negocio de las compañías.
El caso abre un capítulo clave en la regulación del mercado de espectáculos en vivo, donde la batalla no solo se libra en los escenarios, sino también en el control de quién vende el acceso a ellos.
