A menos de un año de su salida del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño fue nombrado en un nuevo cargo dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), decisión que ha generado fuertes críticas al ser interpretada como un premio político pese a su responsabilidad durante una de las peores tragedias migratorias en la historia reciente del país.
Garduño dejó la titularidad del INM tras el incendio ocurrido en marzo de 2023 en una estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes y decenas más resultaron heridos. A pesar de la magnitud del caso y de los señalamientos por omisiones graves en la cadena de mando, el exfuncionario nunca asumió responsabilidad política directa por los hechos.
Aunque enfrentó un proceso judicial, éste concluyó con una suspensión condicional, lo que evitó que el caso llegara a una sentencia. Para organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, este desenlace consolidó un mensaje de impunidad, al no existir consecuencias reales para quien encabezaba la institución responsable de la custodia de las víctimas.
El reciente nombramiento de Garduño en la SEP ha sido duramente cuestionado, ya que ocurre sin que exista una disculpa pública, una sanción administrativa ejemplar o un reconocimiento explícito de fallas en su gestión. Activistas señalan que esta decisión refuerza la percepción de que en México los errores graves en el servicio público no solo no se castigan, sino que pueden ser recompensados con nuevos cargos.
Especialistas advierten que este tipo de movimientos debilitan la confianza ciudadana en las instituciones y envían una señal preocupante sobre la falta de rendición de cuentas en casos donde hubo pérdida de vidas humanas.
Para críticos del gobierno, el caso de Francisco Garduño se suma a una larga lista de funcionarios que, pese a estar vinculados a hechos graves, logran mantenerse dentro de la administración pública, lo que contradice los discursos oficiales sobre justicia, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.
