Un centenar de elementos de la Guardia Nacional de Texas arribaron este lunes al área metropolitana de Chicago como parte de una estrategia de seguridad impulsada por la administración del presidente Donald Trump, lo que ha generado una fuerte controversia entre autoridades locales y federales.
Los soldados llegaron al Elwood U.S. Army Reserve Center, al sur de la ciudad, donde se concentrarán antes de recibir asignaciones específicas. Según fuentes oficiales, su presencia tiene el objetivo de apoyar en operaciones federales de seguridad y proteger instalaciones y personal del gobierno federal.
Sin embargo, el arribo no contó con la aprobación del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, quien denunció la acción como una usurpación de autoridad estatal. El gobernador y la alcaldesa de Chicago, Brandon Johnson, presentaron una demanda federal argumentando que la decisión viola el Posse Comitatus Act, una ley que restringe el uso de fuerzas militares en funciones policiales dentro del territorio estadounidense.
Pritzker calificó el despliegue como “un acto inconstitucional y un abuso de poder federal”, subrayando que Illinois no solicitó ni autoriza la presencia de la Guardia Nacional de otro estado.
Por su parte, el gobierno de Chicago emitió una orden ejecutiva que prohíbe a la policía local colaborar con los soldados federales o estatales en operativos de patrullaje o detención. “Chicago no será militarizada”, afirmó la alcaldesa en conferencia de prensa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un juez federal revisar la constitucionalidad del despliegue. Hasta ahora, la jueza April Perry rechazó suspender temporalmente la operación, mientras se analiza la demanda interpuesta por Illinois y Chicago.
El movimiento forma parte de un plan más amplio anunciado por la Casa Blanca, mediante el cual varias ciudades gobernadas por demócratas recibirían apoyo militar o federal para “restablecer el orden público”.
No obstante, gobernadores de diversos estados —entre ellos Illinois, California y Nueva York— han expresado su rechazo frontal a la medida, considerándola una maniobra política más que una estrategia de seguridad.
Incluso el gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó días antes que su estado “no estaba coordinando ningún envío de tropas a Chicago”, lo que sugiere que la orden provino directamente del gobierno federal.
Mientras tanto, organizaciones civiles en Chicago han comenzado a manifestarse frente al Ayuntamiento y al Capitolio estatal, denunciando el riesgo de “una militarización encubierta” y recordando los enfrentamientos que se dieron en 2020 durante operativos federales similares.
A pesar de la tensión política y legal, las tropas permanecerán en el área de Chicago mientras el gobierno federal y las autoridades estatales se enfrentan en los tribunales por el control del territorio y la autoridad sobre la seguridad pública.
