La iniciativa del gobierno federal de aplicar un impuesto del 8 % a los videojuegos considerados “violentos” ha despertado fuertes críticas desde la comunidad académica y tecnológica. El profesor José Ángel Garfias Frías, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, advirtió que la propuesta carece de sustento científico y podría alimentar prejuicios injustificados contra los videojuegos y sus usuarios.
El especialista señaló que no existe ningún estudio científico concluyente que relacione de manera directa los videojuegos con comportamientos violentos o daños a la salud mental.
“Colocar un impuesto bajo el argumento de que los videojuegos violentos generan efectos negativos es una medida sin base empírica ni metodológica, que solo refuerza estigmas y prejuicios culturales hacia el medio interactivo”, subrayó Garfias Frías.
El investigador recordó que existen organismos internacionales —como la Entertainment Software Rating Board (ESRB)— que ya regulan el contenido de los videojuegos a través de sistemas de clasificación por edades, mismos que México adoptó y homologó con la clasificación cinematográfica nacional. Por ello, consideró innecesario aplicar un gravamen adicional que “confunde entretenimiento con daño social”.
El gravamen forma parte del Paquete Económico 2026 presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que busca incluir a los videojuegos con contenido “violento, extremo o no apto para menores” dentro del esquema de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
El impuesto se ubica en la misma categoría que productos como el tabaco, el alcohol o las bebidas azucaradas, bajo el argumento de promover “consumos responsables”.
Sin embargo, Garfias advirtió que esta decisión equipara injustificadamente los videojuegos con sustancias nocivas, y puede generar daños colaterales en la industria mexicana de desarrollo de software y entretenimiento digital, uno de los sectores con mayor crecimiento en América Latina.
Diversos analistas coinciden en que la medida podría tener efectos negativos tanto económicos como culturales.
Entre los riesgos señalados se encuentran:
- Desincentivar la inversión en el sector de videojuegos nacional.
- Aumentar la piratería o el consumo de títulos no gravados.
- Afectar la percepción pública de los videojuegos como una forma legítima de arte, cultura y tecnología.
Además, especialistas en salud mental y educación digital apuntan que los posibles efectos de los videojuegos deben abordarse desde la formación familiar y escolar, no mediante medidas fiscales punitivas.
La propuesta del impuesto ha generado polémica entre desarrolladores, jugadores y académicos, quienes demandan una discusión más profunda sobre el papel de los videojuegos en la sociedad mexicana.
“Antes de imponer un gravamen, el Estado debería promover la alfabetización digital, la investigación académica y la cultura tecnológica, no castigar una industria que aporta innovación, empleo y expresión cultural”, concluyó Garfias Frías.
