Estados Unidos impuso restricciones de visado a funcionarios de países africanos y de Granada por colaborar con las misiones médicas cubanas, calificadas por Washington como una forma de trabajo forzado auspiciado por el Estado cubano. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, también alcanza a funcionarios del gobierno de Miguel Díaz-Canel y sus familiares.
“Estamos comprometidos con acabar esta práctica. Los países que son cómplices de este esquema explotador enfrentarán consecuencias”, escribió Rubio en la red social X.
Aunque no se detallaron los nombres de los funcionarios ni las naciones africanas implicadas, el funcionario estadounidense acusó a Cuba de “alquilar” médicos a precios elevados y quedarse con la mayoría de los ingresos, privando así a la población cubana de atención médica.
La Casa Blanca señaló que la decisión forma parte de una estrategia más amplia para “poner fin al trabajo forzoso”, e instó a los países involucrados a pagar directamente a los médicos, sin pasar por el gobierno cubano.
Rechazo desde La Habana
El gobierno cubano rechazó categóricamente las acusaciones de EE.UU., calificándolas como una campaña de desprestigio contra su política de cooperación médica, que ha llevado brigadas a más de 20 países africanos y varios en América Latina y el Caribe.
Cuba defiende estas misiones como un ejemplo de solidaridad internacional, y asegura que sus doctores participan de manera voluntaria.
Esta nueva ronda de sanciones se suma a las anunciadas en febrero y junio, dirigidas contra funcionarios cubanos y centroamericanos también vinculados a la contratación de estas misiones.
La medida fue revelada el mismo día en que el Departamento de Estado publicó su primer informe de derechos humanos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia, en el que se señaló a Cuba por presuntas violaciones laborales.
