La Corte Suprema de Estados Unidos decidió mantener el bloqueo temporal a la ley SB 4-C de Florida, una de las legislaciones más duras del país contra los inmigrantes indocumentados, que criminaliza su entrada al estado y permite su arresto incluso si ya han regularizado su estatus migratorio.
En una decisión emitida sin argumentación, el máximo tribunal del país rechazó la solicitud del fiscal general de Florida, James Uthmeier, quien buscaba revocar la suspensión dictada previamente por la jueza federal Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida. La jueza consideró que la ley es “probablemente inconstitucional” y concedió una orden judicial preliminar mientras se resuelve el proceso de fondo.
¿Qué establece la SB 4-C?
Impulsada por el gobernador Ron DeSantis, la ley permite el arresto y encarcelamiento de personas que ingresen a Florida sin inspección migratoria, aun si han cambiado posteriormente su estatus legal o no han cometido ningún otro delito. Además, obliga a mantener a los detenidos bajo prisión preventiva obligatoria, sin evaluar sus circunstancias individuales.
Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) y la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida (FWAF) presentaron demandas contra la legislación, alegando que la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal y que la SB 4-C viola derechos constitucionales.
La disputa ha cobrado relevancia nacional, ya que otros estados republicanos han buscado replicar leyes similares. La decisión definitiva que tome la Suprema Corte tendrá implicaciones más allá de Florida.
Florida alberga a cerca de 5 millones de inmigrantes, lo que representa uno de cada cinco residentes. A pesar de esta diversidad, el estado ha sido un bastión de políticas migratorias restrictivas alineadas con la agenda del presidente Donald Trump.
