El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de 700 elementos militares en los estados de Texas, Florida y Luisiana como parte de un operativo federal de apoyo a las acciones migratorias lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La medida, anunciada por el Pentágono este martes, tiene como objetivo reforzar la logística y tareas administrativas de ICE en estas tres entidades, todas gobernadas por republicanos, lo que permitiría a los agentes enfocarse en las detenciones e investigaciones de personas en situación migratoria irregular.
De acuerdo con las autoridades federales, los soldados desplegados no participarán en arrestos, en cumplimiento con la legislación estadounidense que prohíbe a las fuerzas armadas ejercer tareas de policía civil. Su presencia estará limitada a tareas de soporte en instalaciones migratorias y de resguardo de infraestructura crítica.
Este grupo se suma a los 5,000 efectivos ya movilizados previamente en Los Ángeles y otras ciudades, donde se han registrado intensas protestas, detenciones masivas y toques de queda, como parte de la mayor operación de deportación en décadas.
Mientras los gobernadores de Texas, Florida y Luisiana respaldaron la acción federal, argumentando que ayudará a mantener el «orden y la seguridad», activistas y líderes demócratas denunciaron la medida como una forma de militarización autoritaria de la política migratoria.
En paralelo, organizaciones pro derechos humanos advirtieron que el uso de soldados, incluso en tareas indirectas, intimida a comunidades migrantes y podría vulnerar garantías básicas en zonas con alta densidad de población latina.
El despliegue ocurre en el marco de las campañas rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre, y forma parte de una estrategia más amplia del presidente Trump para reafirmar su enfoque de «cero tolerancia» en materia migratoria, una promesa clave para su base electoral.
Desde enero de 2025, la administración ha movilizado cerca de 10,000 efectivos militares en distintas regiones del país para colaborar con ICE y reforzar los controles fronterizos, lo que ha generado fricciones políticas, protestas y cobertura internacional.
